El entorno digital ha transformado de manera radical la forma en que planificamos y adquirimos nuestras experiencias de viaje, facilitando la conexión directa con los territorios. Sin embargo, esta rápida digitalización también ha traído consigo complejos desafíos en materia de seguridad que pueden poner en riesgo la tranquilidad financiera de los usuarios. En respuesta a esta problemática, las máximas autoridades del comercio y el turismo en el país consolidaron una alianza estratégica orientada a blindar los derechos de los viajeros frente a las nuevas modalidades de engaño en línea.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, y la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), Paula Cortés Calle, lideraron una sesión de trabajo técnico de alta relevancia para el sector. Aunque el encuentro institucional se originó en días recientes, las determinaciones alcanzadas y las herramientas de control concertadas adquieren una vigencia crítica justo ahora, cuando las familias inician sus compras para las vacaciones de mitad de año.
La alianza institucional para combatir la ciberdelincuencia en el turismo
El eje central de este esfuerzo conjunto apunta a mitigar los riesgos emergentes del entorno transaccional en internet, con especial énfasis en combatir la delincuencia informática y la suplantación de identidad de las agencias de viajes legalmente constituidas. Esta modalidad de fraude digital no solo atenta de forma directa contra el patrimonio económico de los consumidores, sino que compromete gravemente la integridad reputacional del empresariado formal y fractura la confianza en el desarrollo turístico de las regiones.
De acuerdo con las directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio, velar por la protección del consumidor es un paso indispensable para orientar la actividad económica hacia la equidad y el bienestar general. Las autoridades señalaron que el país necesita avanzar hacia un enfoque que se distancie de los modelos tradicionales de turismo extractivo, los cuales se han caracterizado históricamente por la concentración de recursos en unos pocos actores y el deterioro de las comunidades locales. En su lugar, se busca priorizar la formalización de la economía popular, la democratización de los mercados y el respeto por la riqueza cultural y natural de los territorios.
Una hoja de ruta clara para optimizar las denuncias ciudadanas
La prioridad absoluta de este frente común es proporcionar herramientas pedagógicas y técnicas para que los usuarios finales cuenten con criterios claros de seguridad antes de realizar cualquier pago. Para alcanzar este propósito, ambas entidades definieron un plan de acción inmediato basado en las siguientes líneas de trabajo:
- Optimización de canales técnicos: se acordó el mejoramiento de las plataformas de atención para agilizar los procesos de denuncia frente a irregularidades en el mercado turístico.
- Campañas de sensibilización ciudadana: se ejecutarán estrategias de educación digital masiva enfocadas en la prevención del fraude electrónico.
- Criterios de verificación comercial: se difundirán pautas precisas para que los compradores aprendan a identificar y validar los canales de comercialización oficiales de las empresas. Seguridad y formalización del sector: Implica la articulación de esfuerzos para educar a los distintos agentes económicos en el cumplimiento de las normativas de protección al usuario.
El compromiso gremial por la seguridad del consumidor
Desde la perspectiva gremial, la colaboración estrecha con los entes de control del Estado representa el camino más efectivo para asegurar que la actividad turística en el país se desarrolle bajo estrictos parámetros de legalidad y competencia justa. La defensa del consumidor no se asume únicamente como una obligación regulatoria, sino como el cimiento indispensable sobre el cual se construye el crecimiento sostenible de la industria.
“Para ANATO, la seguridad de los viajeros es una prioridad innegociable. Compartimos la preocupación por flagelos como la suplantación de nuestras Agencias de Viajes, un delito que afecta la fe pública y al consumidor final. Seguiremos uniendo esfuerzos y herramientas técnicas para prevenir el fraude, educar al usuario y garantizar que el turismo en Colombia siga siendo sinónimo de confianza y formalidad”, puntualizó Paula Cortés Calle al evaluar el impacto de los acuerdos logrados.
